El Presidente de la República ha convocado para hoy lunes 3 de junio, en Palacio de Gobierno, a los principales líderes políticos del país. La agenda es el inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que resolverá definitivamente la controversia marítima entre Perú y Chile. A esta cita han sido invitados dos expresidentes de la República, así como los candidatos presidenciales que en la última elección galvanizaron las preferencias del electorado, además de personalidades políticas imprescindibles en la vida nacional. La representatividad de la convocatoria es pues indiscutible.

Es obvio que tanto Perú como Chile saben ya el derrotero del fallo. De lo contrario, una cita de tal magnitud para explicar lugares comunes no tendría sentido. Así, quienes lideran las diferentes corrientes políticas de la nación serán los primeros en conocer si los 15 jueces de la Corte favorecieron los argumentos peruanos o las pretensiones chilenas o en qué medida fueron atendidas ambas causas. De lo que se trata entonces es de que, liderados por el Presidente de la República, sus pares políticos convoquen a su vez a sus colectividades para enfrentar el fallo en un clima de unidad nacional que, huelga decirlo, está penosamente enrarecido.

Que la división, la sospecha y la desconfianza se hayan instalado no sólo en los actores políticos, sino en el empresariado, la prensa y la opinión pública en general, es una tragedia para cualquier país que aspira al desarrollo. Y esta ha sido y es exclusiva responsabilidad del Gobierno y de quien lo preside. Aquí no se trata de una paranoia colectiva en la que, desde los diferentes quehaceres de la vida pública, se percibe sin sustento un intento por quedarse en el poder más allá del plazo establecido a través de una reelección encubierta.

No. Hay indicios suficientes para una suspicacia legítima. Indicios que el Presidente fomenta irresponsablemente con un modelo de gobierno espurio, ajeno a todo canon constitucional, en el que comparte el Poder Ejecutivo con alguien que no tiene legitimidad alguna para ejercerlo. Si la primera dama cogobierna con el Presidente es porque este se lo permite. Nada más. Que el Presidente se niegue a desmentir pretenciosamente lo que se comenta en cualquier hogar del Perú no hace más que fomentar y afirmar la percepción de que hay en camino una candidatura ilegal, la de su esposa, que está en cierne.

De ahí se sigue todo lo demás. Cualquier cosa que haga el Gobierno, buena o mala, será percibida en función de esa candidatura. Cualquier cosa que afecte, con razón o sin ella, a los opositores políticos o a la prensa o al empresariado será tomada como parte de un proceso de allanamiento del camino de esa candidatura. Incluso temas de Estado como el que convoca hoy al consenso en Palacio de Gobierno no dejan de estar bajo la sombra que significa “hacer un paréntesis” sobre esa candidatura.

Es en este marco que el Presidente solicitará este lunes la unidad nacional a los líderes políticos en aras del interés superior de la Patria. Estos, no hay duda, deben corresponder a la solicitud del Presidente. No obstante, reunidos hoy con él, los líderes políticos encabezados por los dos exmandatarios constitucionales tienen el deber de expresarle al Presidente su preocupación por el clima de división que está afectando al país ante la no desmentida candidatura presidencial de su esposa como parte de un proyecto reeleccionista ajeno a la legalidad.

Y el Presidente, cara a cara con sus pares, debe asumir su principal responsabilidad de Estado que es, por sobre todas las cosas, no afectar nunca esa unidad nacional.