¿Le parece justo que un proyecto minero opere sin licencia social?, le pregunta el recién estrenado colectivo “nadienospaga” al multimillonario Roque Benavides, en un video subido a YouTube que pronto se ha convertido en uno de los más comentados en la red social twitter. Los activistas sin nombre y apellido a los que, sin duda, nunca les ha faltado el agua en su café americano del starbucks, le reclaman así al empresario unas pretendidas cuentas sociales en torno al proyecto Conga, del cual el hombre de negocios es uno de los más importantes socios.

“Estimado Roque” no es, sin embargo, un cuestionamiento audiovisual de 10 preguntas sobre Conga sino un juicio inquisitorial del papel de la minería en el Perú. Pero, sobre todo, un emprendimiento contra la filosofía que sostiene el estado de derecho y el régimen institucional democrático en nuestro país. Eso es lo que le hace interesante y obliga a una respuesta no del “estimado Roque”, sino de todos los que no creemos en las peligrosas vías de “solución de conflictos” allende la constitución y las leyes de la república, único marco de una sociedad civilizada.

Que si nos parece justo que un proyecto minero opere sin “licencia social” no puede tener otra respuesta que “no” porque la licencia social está contenida en aquella que otorgan las normas jurídicas y administrativas de las autoridades legítimas de una república de hombres libres. Así, cualquier proyecto minero que no sea clandestino, espurio o informal tiene que tener, para operar, licencia social, esto es, la licencia del Estado. Pretender otro tipo de “licencia” es ponerse al margen de las instituciones republicanas y apadrinar un golpe contra éstas y la constitución que las sostiene. La sociedad –es decir, lo “social”— está representada en el Congreso de la República y en el Supremo Gobierno, así como en los gobiernos regionales y locales elegidos por sufragio popular, todos ellos con sus funciones claramente delimitadas por la Constitución. ¿Qué mejor licencia que la que emana de estas instituciones?

¿Tiene alguna respuesta para demostrar que una minería responsable es posible? La respuesta está hace tiempo disponible para el que la quiera ver en todos los requisitos exigidos por la ley. Si los estudios de impacto ambiental, las certificaciones y acreditaciones internacionales o los peritajes consultivos no son reflejo de la responsabilidad con la que la minería formal afronta su negocio, ¿entonces qué es responsable?

¿Quién puede seguir creyendo el cuento de que sólo los agitadores políticos tienen la culpa de los conflictos sociales? Ciertamente no aquellos intolerantes que deslegitimizan cualquier respuesta posible llamándola “cuento”.

¿No cree que pudo hacerse algo para que la imposición del proyecto Conga no cueste 5 vidas humanas? Claro que pudo hacerse algo. Cómo no: ¡respetar la ley (que, no está de más decir, no es ninguna imposición)!

¿Desarrollo cueste lo que cueste? El único costo “social” permisible para el desarrollo es el consenso sobre la ley que lo ampara. Y ese consenso está expresado en la Representación Nacional elegida democráticamente por todos los miembros hábiles de una sociedad y en el gobierno que tiene por misión constitucional cumplir y hacer cumplir la voluntad popular contenida en las leyes. Ése es el costo del desarrollo.

¿Qué medidas va a tomar su compañía sobre las denuncias de amedrentamiento y espionaje de la empresa que les brinda servicio de seguridad? Seguramente las mismas que reclamaría tomar el colectivo “nadienospaga” contra aquellos que en masa amedrentan ciudadanos, secuestran ciudades y destruyen propiedad privada desafiando impunemente la ley bajo la sombrilla de la “protesta social”. La gran tragedia del irrespeto a la ley es el imperio del caos donde de acuerdo con una ley natural cada uno se defiende del otro como puede para preservar su vida y su hacienda. Y nadie quiere eso, ¿verdad?

¿Por qué su empresa minera tiene un historial permanente de conflictos sociales con las comunidades que habitan cerca de las minas / y por qué el 90% de sus proyectos causan conflictos sociales? Quizás sea por la misma razón por la que las actividades mineras no son aquellas que realiza Papá Noel, aunque algunos quisieran que lo sea y otros no quisieran que existan para nada. Está claro que hay algunas actividades que no gustan socialmente por distintas razones en una época determinada y en un contexto determinado, como aquellas que podrían realizar un colectivo feminista contra la ablación del clítoris en una cultura musulmana africana. Eso no significa que porque esa actividad genera conflictos sociales debería ser moralmente descalificada, ¿no es así?

¿Por qué varios distritos cajamarquinos se quedaron sin agua en el año 2002 / y por qué en la actualidad hoy en Cajamarca varios pueblos consumen agua con cal? Ciertamente no por responsabilidad de una empresa minera cuyo objeto es extraer minerales sino de una empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado que no ha realizado óptimamente su trabajo de planificación e inversión (a cargo de los municipios regionales). La responsabilidad de que el agua potable llegue a todos los miembros de una sociedad determinada es de la empresa creada para ese fin. No de una empresa de otra naturaleza. Al olmo no se le pueden pedir peras, ¿o sí?

¿Por qué un reservorio de agua construido en el norte del país no funciona? Seguramente por la razón más simple: porque no estuvo bien hecho. Ello no deslegitima, sin embargo, el emprendimiento de un amplio proyecto de reservorios para dotar de agua potable a las comunidades hecha por la empresa privada. El progreso humano es, por lo general, fruto de superar los errores aunque a algunos les importe más los errores que el progreso.

¿Por qué la contaminación por mercurio que sufrieran 2 comunidades no se resuelve hasta hoy? Todas las controversias se resuelven en una sociedad civilizada en la judicatura y no en el “tribunal de la opinión pública”. Por lo tanto, ¿no sería bueno preguntarle eso al presidente del Poder Judicial?

En las sociedades abiertas el debate y no la inquisición debe ser la norma que marca la pauta de la civilización. Porque si a unos nadie les paga para pontificar indirectamente contra la institucionalidad democrática, a otros nadie nos pega sin obtener respuesta, en el convencimiento de que la ley y el orden son los pilares de la paz.