Existe un consenso generalizado entre los ricachones del sector empresarial, inversionistas, emprendedores, lobistas, altos burócratas, tecnocracia y comparsa “intelectual”, así como, en menor medida, en las clases medias que les sirven de soporte, de que el modelo económico vigente ha sido, es y será positivo para el Perú. El crecimiento sostenido durante los últimos 20 años y la ostensible reducción de la pobreza que ello ha traído consigo son una prueba difícil de rebatir por los objetores del modelo.

Por ello es que los nervios se alteran cuando, cada cinco años, aparece alguien que pretende cortar o revisar el círculo virtuoso del “milagro peruano”. Ollanta Humala, por ejemplo, tuvo que abjurar a hacerlo para ser presidente, a tal punto que hoy, cualquier anuncio de medio pelo, como la repotenciación de una refinería, por ejemplo, encienda una chilla que llega al absurdo de anunciar el “chavismo” a la vuelta de la esquina.

El modelo que convoca a sacar pecho y a lanzar maldiciones cuando alguien alza la voz en contrario es el de la economía de mercado. Se sustenta en la libertad de empresa, en la libertad de cambio, en la libertad de comercio. Es, pues, un modelo liberal aunque sus enemigos lo hayan demonizado con el alias de “neo”.

Si el modelo funciona es porque la realidad debiera verificar una hipótesis fundamental del liberalismo económico. Sí; aquella que sostiene que “el mercado asigna los recursos a sus usos más valiosos”. En otras palabras, que los individuos saben tomar decisiones racionales con respecto a ellos mismos y, por lo tanto, lo que les conviene y lo que no, en este caso para sus bolsillos. Esas decisiones libres forman el mercado y, sobre todo, construyen su eficiencia. Se entiende así que un burócrata, por más avispado que sea, no va a ser tan diligente como usted al tomar una decisión sobre su propia vida financiera. Sin embargo, todo esto se cae como castillo de arena cuando los mismos que revientan cohetes por el modelo de libre mercado asienten que el Estado es más eficiente que usted cuando de planificar su vejez se trata. En efecto, es moneda corriente, en el círculo de los que cortan el jamón –esos del primer párrafo–, el argumento de que los seres humanos, cuando pasan a integrar la PEA, no son lo suficientemente conscientes ni responsables para asegurarse una ancianidad sin sobresaltos económicos.

Es decir, son responsables para pagar impuestos, para firmar contratos, para hacer negocios, para votar y, cómo no, para aplaudir el modelo económico que los enriquece pero…no para llegar a viejos con la dignidad económica necesaria. Es que, dicen, “nadie piensa en guardar pan para mayo”.

De ahí que se afirme que el Estado deba intervenir en la vida económica de los individuos para ordenarles qué tienen que hacer con sus finanzas. De ahí, por supuesto, la inaudita obligatoriedad de aportar, aún sin quererlo, a un fondo previsional de AFP u ONP porque el Estado sabe qué es lo mejor para usted. No vamos a cansar al lector con lo ya dicho por el economista Richard Webb, en El Comercio, o por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, en La República. Ambos desnudaron, desde diferentes miradas, las miserias de las AFP. Que quienes no comulguen con el liberalismo sean consecuentes y den vivas al Estado y a la ONP es comprensible. Pero que aquellos que se rasgan las vestiduras por el modelo económico liberal lo hagan por la obligatoriedad de las AFP es fariseismo puro y simple. Reivindiquemos la libertad de los seres humanos a decidir sobre su futuro sin imposiciones del Estado, que de eso se trata el liberalismo. Y a los ventrílocuos de las AFP habría que decirles, como el rey de España a Hugo Chávez: ¡Por qué no se callan!